Ciudadanía por nacimiento cuestionada por la Administración Trump

Según la Decimocuarta Enmienda, “[t]odas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos.” Esto se ha interpretado en el sentido de que cualquier persona que nace en EE. UU. se presume automáticamente ciudadana, con muy pocas excepciones (como los hijos de diplomáticos extranjeros, por ejemplo). Independientemente del estatus migratorio o la nacionalidad de sus padres, la gran mayoría de las personas nacidas en EE. UU. tienen garantizada la ciudadanía.

El 20 de enero de 2025, Trump emitió la Orden Ejecutiva (OE) 14160, titulada “Protegiendo el significado y el valor de la ciudadanía estadounidense.” La orden sostiene que la Decimocuarta Enmienda excluye a ciertas “personas que nacieron en los Estados Unidos pero no ‘sujetas a su jurisdicción,’” con el objetivo de prohibir la concesión de ciudadanía a personas en dos circunstancias diferentes:

1. Cuando la madre de la persona se encontraba ilegalmente en los Estados Unidos y el padre no era ciudadano estadounidense ni residente permanente legal en el momento del nacimiento.
2. Cuando la presencia de la madre en los Estados Unidos era legal pero temporal, y el padre no era ciudadano estadounidense ni residente permanente legal en el momento del nacimiento.

Según el Pew Research Center, en 2023, las madres que eran inmigrantes no autorizadas o que tenían estatus legal temporal en EE. UU. tuvieron alrededor de 320,000 bebés, lo que representa aproximadamente el 9 % de los 3.6 millones de bebés nacidos en el país ese año. Si la orden ejecutiva de Trump hubiera estado en vigor en ese momento, aproximadamente 260,000 de esos bebés no habrían calificado para la ciudadanía.

En esencia, la Administración Trump sostiene que una persona debería obtener la ciudadanía únicamente en función del estatus legal de sus padres, lo que plantea la siguiente pregunta: ¿está una persona “sujeta a la jurisdicción” de los Estados Unidos si nació en el país de una madre que se encontraba ilegalmente o temporalmente en EE. UU. y cuyo padre no era ciudadano estadounidense ni residente permanente legal, o viceversa?

Esa es la pregunta planteada en el caso Trump contra Barbara, visto por la Corte Suprema de EE. UU. el 1 de abril de 2026. La Corte Suprema ha respondido afirmativamente a esta pregunta en el pasado. ¿Seguirá ese precedente esta vez?

La demanda: Trump contra Barbara

Trump contra Barbara es un caso de la Corte Suprema que impugna la orden ejecutiva emitida por el presidente Trump, alegando que es inconstitucional bajo la Decimocuarta Enmienda. La demanda, encabezada por la ACLU, se presenta en nombre de “Barbara”, un seudónimo para una solicitante de asilo hondureña que representa a un grupo de familias afectadas por la orden ejecutiva.

Aunque el público no conoce la identidad exacta de “Barbara,” se sabe que es una mujer que ha estado viviendo en New Hampshire con su esposo y sus tres hijos. Su familia huyó de Honduras debido al aumento de la violencia de las pandillas. La orden ejecutiva negaría la ciudadanía por nacimiento a su hijo nacido después de la orden. Muchas otras familias se encuentran en la misma situación. Negar la ciudadanía por nacimiento cambiaría el rostro de nuestro país y su población, creando una subclase de niños que no poseen los mismos derechos y que, dependiendo de las leyes de los países de origen de sus padres, podrían incluso quedar completamente apátridas.

Expertos legales y comentaristas creen que es probable que Trump pierda este caso, ya que la mayoría de los jueces de la Corte Suprema parecieron escépticos ante esta interpretación. El argumento del gobierno a favor de la orden ejecutiva se basó en gran medida en publicaciones poco conocidas y fragmentos de registros de la época del debate sobre la Decimocuarta Enmienda. Los argumentos de la ACLU, en cambio, se basaron en precedentes legales de larga data, la Constitución y la Ley de Derechos Civiles, que contiene un lenguaje similar al de la Decimocuarta Enmienda. Sin embargo, todos esperan la decisión final de la Corte, que no se prevé hasta finales de junio o julio de 2026.